miércoles, 24 de octubre de 2012

CUANTO SE LO ROBA AL ESTADO EN ARGENTINA


Si suponemos que la corrupción en Argentina se lleva por lo menos el cinco por ciento de ese gasto público, ello nos arroja la increíble cifra de siete mil millones de dólares al año.Sebastián García Díaz.Argentina tendrá en 2012 un gasto consolidado de Nación, provincias y municipalidades de aproximadamente 235 mil millones de dólares. Esto representa un 45 por ciento del producto interno bruto (PIB) del país (o sea, la riqueza que entre todos somos capaces de producir). Si estimamos que el 60 por ciento promedio de ese gasto público va a sueldos en todos los niveles, nos quedan 141 mil millones de dólares.



La corrupción opera sobre esos fondos de múltiples maneras: a través de sobreprecios y sobrefacturación, licitaciones mal habidas, concursos arreglados, contrataciones directas no transparentes, servicios que en verdad no se prestan o que se subejecutan, contratos sin sentido y robos de distinta índole.
Si suponemos que la corrupción en Argentina se lleva por lo menos el cinco por ciento de ese gasto público, ello nos arroja la increíble cifra de siete mil millones de dólares al año (lo que supone unos 40 mil millones de pesos).
Si el porcentaje fuera mayor –y tenemos razones fundadas para sostener que lo es–, habría que multiplicar por dos o por tres este monto exorbitante.
No olvidemos que la Argentina está considerada como uno de los 30 países más corruptos del planeta.
¡Pensemos cuántas autopistas, colegios y hospitales, universidades y centros de investigación o becas, cuántos subterráneos, cloacas y otras obras y servicios básicos podrían ser cubiertos con esos recursos robados! Está claro que frente a estas cifras, crece la indignación por el enorme porcentaje de nuestros ingresos que pagamos en impuestos y tasas.
A nivel nacional. El Gobierno nacional tiene un gasto público de aproximadamente 500 mil millones de pesos. Si aplicamos el mismo coeficiente de sólo un cinco por ciento desviado a corrupción, el resultado es que la caja negra de la política se lleva anualmente 25 mil millones de pesos.
Si un gobierno logra quedarse 10 años en el poder, como ocurre con el actual, podemos tener una idea cabal del poder económico que puede acumular el grupo de funcionarios gobernantes. Ni hablar si el porcentaje que se roba es mayor.
No estamos contando aquí otros negocios paralelos. La posibilidad de poner testaferros en el juego, en empresas privatizadas que han vuelto a ser estatizadas, en tráfico de influencias, o el porcentaje que puede llegar a cobrarse por intermediar en operaciones de comercio exterior, por ejemplo a Venezuela.
Tampoco agregamos lo que podría provenir de vínculos espurios con otros negocios ilegales, como por ejemplo el narcotráfico, la circulación de mercadería ilegal (la cobertura al negocio ilegal de La Salada) o incluso por “mirar para otro lado” y cobrar bajo la mesa por el negocio de los remedios truchos brindados por ciertas obras sociales a pacientes terminales.
En Córdoba. A nivel provincial, el Presupuesto 2012 alcanza una cifra de 26 mil millones de pesos. Si consideramos que un 50 por ciento va a sueldos, nos quedan 13 mil millones de pesos.
¿Cuánto puede estar recaudando el sistema de corrupción en Córdoba? Si sólo desviaran el cinco por ciento, hablamos de aproximadamente 650 millones de pesos anuales. Ahora bien, si en realidad lograran robarse hasta el 10 por ciento del Presupuesto, entonces serían 1.300 millones de pesos al año. Es el monto que requiere la autovía Córdoba-Río Cuarto, por lo cual se ha creado la tasa vial.
A nivel de la ciudad, el Presupuesto municipal 2012 es de 3.216 millones de pesos. Allí, el porcentaje que va a sueldos es del 67 por ciento, por lo que la corrupción puede operar sobre los 1.060 millones de pesos restantes. Si hubiera un desvío de sólo un cinco por ciento, los vecinos estaríamos perdiendo unos 53 millones de pesos al año. Si el robo llegara al 10 por ciento, entonces superaría los 100 millones de pesos (esto es, unos 400 millones de pesos en una gestión de cuatro años).
La solución a semejante flagelo es política. Pero la posibilidad de que ciudadanos honestos compitamos de igual a igual en elecciones contra estas maquinarias de corrupción, para desplazarlos y producir un cambio desde adentro, es remota.
¿Por qué lo seguimos intentando, entonces? Apostamos a que esa mayoría silenciosa, enojada con este atropello pero adormecida, finalmente diga “basta”. ¿Ocurrirá ese momento? Toda nuestra esperanza está puesta en ello

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